Políticas públicas para las mujeres

Retos en el contexto del conflicto y la protesta social

Diana Medrano

Como resultado de la pandemia, las cifras muestran un tremendo impacto en el acceso al empleo por parte de las mujeres. En efecto, por diversos aspectos ligados a las características de los trabajos que ellas desempeñan, especialmente en el sector servicios, el porcentaje de mujeres que no acceden a empleos remunerados se multiplicó durante 2020, y la brecha entre hombres y mujeres se amplió hasta duplicar las cifras.

El DANE calcula que en 2020, más de un millón de mujeres salieron de la fuerza laboral. En particular, las mujeres jóvenes han sido impactadas por esta situación, y los registros del DANE indican que un 51 % tenía como actividad principal los oficios del hogar.

Estas cifras indican además cómo los cuidados del hogar, actividades que no son remuneradas, recaen de manera desproporcionada sobre las mujeres, lo cual ha constituido históricamente una barrera para el ingreso de las mujeres a la fuerza de trabajo remunerada.

Sin servicios de apoyo

Otro aspecto que agravó la situación en esta coyuntura fue el cierre tanto de los servicios de apoyo al cuidado de los niños, como de los mismos establecimientos educativos. De esta manera, las mujeres debieron asumir directamente el cuidado de sus hijos en los hogares, limitando su disponibilidad para desempeñarse fuera de casa.

Esta situación también significó una sobrecarga de trabajos domésticos para las mujeres. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)  estima que, en términos de participación laboral y autonomía económica, la situación de las mujeres en América Latina retrocedió una década.

A la protesta social

La vinculación de las mujeres y, particularmente, de las jóvenes a la protesta social debe enmarcarse en una adecuada consideración de la situación descrita, para el desarrollo de políticas públicas de cara a una recuperación con equidad de género.

La respuesta desde la política pública al conflicto recientemente vivido en Colombia constituye uno de los retos de mayor importancia en el diseño de planes y programas.

Esto implica una mayor profundización en las características diferenciadas entre hombres y mujeres, es decir, un enfoque de género, de manera tal que se contribuya a lograr mayor equidad.

Así, y tal y como se enuncia en la declaración de Agenda Democrática: “Respecto de la afectación que la crisis del Covid 19 ha representado para las mujeres y los jóvenes, se requiere de políticas públicas y programas especiales de emergencia que contribuyan a superar su crítica situación”.

Las recientes movilizaciones sociales han puesto de presente la dificultad para articular “una representación política y una falta de iniciativas para construir un consenso en temas prioritarios o fundamentales que deben afrontarse en los próximos años y que deben ser tramitados mediante mecanismos constitucionales vigentes”, según se establece también en la mencionada declaración.

Por una mayor participación femenina

En un escenario de convergencia de diversas fuerzas democráticas, como lo ha propuesto Agenda Democrática, se requiere abrir un espacio de diálogo que abarque el ámbito público y privado respecto de las estrategias necesarias para impulsar una mayor participación femenina.

Es urgente priorizar una agenda de cara a la inequidad de género que, desafortunadamente, se ha profundizado en el actual contexto.

En el ámbito público, los programas de empleo, entre otros, deben considerar los aspectos relevantes de las brechas de género. En el ámbito privado, es prioritario propender por transformaciones culturales que evidencien las consecuencias para las mujeres de las sobrecargas en la responsabilidad doméstica, en detrimento de su desarrollo personal y su autonomía económica, social y política.

La responsabilidad sobre la economía del cuidado, definida en el artículo 2 de la Ley 1413 de 2010 “como el trabajo no remunerado que se realiza en el hogar, relacionado con el mantenimiento de la vivienda, los cuidados a otras personas del hogar o la comunidad y el mantenimiento de la fuerza de trabajo remunerada”, debe redistribuirse de manera equitativa entre los miembros del hogar y gozar del soporte proveído por servicios públicos que alivien la carga que hoy sobrellevan las mujeres.

Relaciones humanas y sociales de mayor equidad son un componente ineludible de cualquier sociedad que se precie de su democracia y que busque desarrollarse con bienestar y progreso para todos.AD

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