Reforma la justicia, un imperativo nacional

Establecieron una nueva institucionalidad: la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación y el sistema penal acusatorio. En el plano de la innovación jurídica, se creó la tutela, las acciones populares y las acciones de cumplimiento, para garantizar y hacer efectivos los derechos fundamentales y colectivos de los ciudadanos.

Transcurridos 30 años, este bien público, atraviesa por una profunda crisis con pérdida de credibilidad y confianza entre amplios sectores de la ciudadanía. Los escándalos asociados al proceso de nombramiento de los magistrados, el funcionamiento del Consejo Superior de la Judicatura, los carteles de la toga, la politización, el favoritismo y los tiempos para fallar los procesos, han traído como resultado que el sistema judicial colombiano, según la encuesta Invamer de enero de 2021, tiene un 79 % de desfavorabilidad y un 15 % de favorabilidad en la opinión pública.

Sin duda alguna, el sector justicia presenta enormes retos, dado el rezago presupuestal de la rama que en 2020 fue de $14,7 billones; hay   falta de jueces en Colombia, el promedio es de 11 por cada 10.000 habitantes, mientras que la OCDE recomienda 65 por cada 10.000 habitantes.

Para el Consejo Privado de Competitividad, los problemas de la rama, por cuenta de su demora, la falta de justicia y demás limitaciones le restan competitividad a nuestro país. Según informe de 2020-2021, de cada 100 procesos que ingresaron solo 89 fueron evacuados; Colombia ocupa entre 128, el puesto 77, solo superado por México.

Reforma urgente

Ante esta crítica situación, desde distintos sectores de la sociedad, se ha urgido acerca de la importancia de gestar, aprobar e implementar una reforma profunda a la justicia en Colombia.

 Es imperioso insistir en una reforma integral que genere reformas a las cúpulas de la rama judicial, al estado de congestión y acceso a la justicia en condiciones de igualdad y la necesaria transformación digital de los procesos judiciales. La reforma integral debe contemplar los siguientes temas:

• Descongestión de los despachos judiciales, transformación digital e implementación de herramientas tecnológicas.
• Implementar un sistema nacional de mecanismos alternativos de resolución de conflictos como la conciliación para ciertos delitos. Esto reduciría costos y propendería por la descongestión de los despachos judiciales.
• Agilizar trámites judiciales para darles celeridad a los procesos.
• Adecuada programación del tiempo de gestión de los casos judiciales, para mejorar la confianza en la justicia. Se requiere dar una respuesta oportuna a los ciudadanos que demandan justicia.
• Combatir la corrupción y  procurar transparencia en las actuaciones, garantizando que quienes administren la justicia sean profesionales con las más altas calidades.
• Reformar los sistemas de elección de los altos dignatarios de la rama judicial.
• Ajustar y actualizar el presupuesto de la justicia para superar los rezagos que se vienen presentando.
• Revisar las competencias de las altas cortes para la nominación y participación en la designación de altos cargos en nuestro país.

Pero, sobre todo, debe generarse una gran transformación del recurso humano que integra nuestro sistema judicial; un recurso humano que tenga clara la enorme responsabilidad como pilar para el desarrollo del Estado Social de Derecho, cuyos atributos a más de su capacidad y formación profesional y ética, esté abierto a los ajustes institucionales, operativos y normativos, pues como toda organización, el recurso humano es la base para su sostenibilidad y desarrollo de largo plazo.AD