Gobernadores comprometidos
con la protección a la vida

Juber Ariza Rueda

Juber Ariza Rueda

Periodista

La Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Federación Nacional de Departamentos convocaron, el pasado 25 de noviembre, la Mesa por la Vida con Gobernadores, en la que participaron, además, los representantes del Gobierno nacional y gobernadores y secretarios de Gobierno de diez departamentos priorizados por los altos índices de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos.

En el certamen, se presentó un plan de seguimiento, impulso y armonización de los diferentes instrumentos vigentes de prevención y protección y atención a los riesgos a la vida de los líderes y defensores de derechos humanos.

La Mesa fue instalada por el procurador Fernando Carrillo Flórez, quien indicó que el asesinato sistemático de los líderes sociales mantiene encendidas las alarmas del Estado y la comunidad internacional, lo que hace urgente la presentación, por parte del Gobierno nacional, de una política pública de protección de los liderazgos sociales, así como de un plan de acción de preventiva.

Territorios, claves para la paz

El jefe del Ministerio Público hizo un llamado a una sistematización de las respuestas inmediatas a las amenazas, así como una mayor articulación del Gobierno nacional y las autoridades territoriales para enfrentar ese fenómeno, que en 2020 ya suma más de 140 líderes asesinados por actores armados ilegales vinculados principalmente al narcotráfico y la minería ilegal.

Del mismo modo, llamó a diseñar un plan integral de prevención que priorice los planes departamentales de desarrollo, los consejos regionales de seguridad, el diseño de políticas públicas y la respuesta inmediata a las amenazas para prevenir los asesinatos. “La eficacia ¾dijo¾ está en impedir el asesinato de los líderes sociales. Los gobiernos territoriales son esenciales en la implementación de los acuerdos de paz”.

El parte de los gobernadores

En la mesa participaron, igualmente, los gobernadores de Norte de Santander, Silvano Serrano; Huila, Luis Enrique Dussán, y Chocó, Ariel Palacios, quienes hicieron un diagnóstico de la situación de orden público en sus regiones, así como un recuento de las acciones y estrategias desarrolladas para garantizar la vida.

Serrano, por su parte, señaló la difícil situación que vive la zona de frontera y el Catatumbo, que han padecido amenazas y asesinatos de los líderes sociales, así como masacres que han impactado al país. Recordó que en 2020 ha convocado 14 consejos departamentales de seguridad, cuatro de ellos extraordinarios, para enfrentar esa amenaza.

El gobernador del Huila, asimismo, resaltó que el problema de fondo es la necesidad de construir la paz territorial y esto pasa por resolver las causas que han originado históricamente el conflicto armado en Colombia. Pidió, en ese sentido, ocuparse del campo, asunto en que los mandatarios territoriales pueden aportar a la implementación de los acuerdos de paz, en el marco de la Política de Paz con Legalidad del presidente de la república, Iván Duque Márquez.

Recordó que en Huila hay más de 177.00 víctimas y denunció que en 2020 en ese departamento se ha incrementado el asesinato de los líderes sociales, en especial en el municipio de Algeciras. Para enfrentar esa situación, ha convocado 19 consejos departamentales de seguridad, más tres consejos de seguridad extraordinarios con presencia del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.

Dussán informó sobre los avances de la ruta departamental de atención a los líderes sociales e insistió en la necesidad de generar confianza a partir de la presencia del Estado en las zonas afectadas por la violencia, para lograr una mayor acción social, aumentar el relacionamiento de la fuerza pública con las comunidades, brindar amplias garantías de seguridad y mejorar la percepción de convivencia. Para ello, dijo, se requiere aumentar la articulación de las instituciones y fortalecer la Fiscalía y la inteligencia del Estado.

Al igual que su homólogo de Norte de Santander, insistió en los presupuestos departamentales para la atención del fenómeno. “Los departamentos estamos llenos de responsabilidades pero con pocos recursos. En estos momentos se están dando unos debates en el Mininterior sobre el régimen departamental. Se evidencia la necesidad de revisar el equilibrio entre competencias y fuentes de recursos. Tenemos grandes dificultades”, agregó.

En igual sentido, se pronunció el gobernador de Chocó, Ariel Palacios, quien subrayó que en el departamento, y especialmente en Quibdó, se ha incrementado el índice de asesinato de jóvenes en un 40 % y se vive un grave proceso de disputa territorial entre actores armados ilegales vinculados al narcotráfico y la minería criminal.

Los tres gobernadores mencionados hablaron de la importancia de hacer seguimiento a las alertas tempranas que maneja la Defensoría del Pueblo.

Balances en zonas críticas

En la mesa también se escucharon las exposiciones del consejero de Paz de Valle del Cauca, Orlando Riascos, y los secretarios del Interior de Córdoba, Camilo Berrocal, y Magdalena, José Humberto Torres. Los tres funcionarios hicieron un amplio balance de las gestiones, con enfoque preventivo, de esos departamentos para afrontar el fenómeno y expusieron los avances de los programas y metas incluidas en los PDD.

Torres enfatizó en las diversas solicitudes que ha hecho Magdalena al Ministerio del Interior para que se convoque una sesión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), en ese departamento, así como un comité de evaluación de riesgo y recomendación de medidas (CERREM) territorial y una reunión de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT) en Santa Marta.

Territorios y nación por la vida

El director ejecutivo de la FND, Didier Tavera Amado, a su vez, enfatizó en la necesidad de impulsar en las regiones el Plan de Acción Preventivo, el Plan de Acción Oportuna y las mesas regionales de prevención y promoción de derechos humanos, así como articular en los territorios con la nación para avanzar y detener la violencia contra los líderes sociales.

En el cierre del evento intervinieron la ministra del Interior, Alicia Arango Olmos; la consejera presidencial para los derechos humanos, Nancy Patricia Gutiérrez; el consejero presidencial de seguridad, Rafael Guarín; el viceministro para la política criminal y justicia restaurativa, Javier Sarmiento; el director de derechos humanos del Ministerio de Defensa, John Arango, y el procurador delegado para los derechos humanos, Carlos Medina.

Los funcionaros ratificaron el compromiso del Gobierno nacional con la protección de la vida, elogiaron el escenario de debate público de la acción gubernamental generado por las mesas por la vida e hicieron un amplio balance de la acción institucional para afrontar el fenómeno y derrotar la impunidad, en el que la articulación institucional con los departamentos es vital.  “Tenemos una ruta de atención. Para el Gobierno nacional, los líderes sociales son una prioridad”, señaló la ministra Arango.

El consejero Guarín expresó que para el Gobierno nacional, los líderes sociales son sagrados porque son constructores de institucionalidad y legalidad, y que la prioridad es atender las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, desarticulando las organizaciones criminales en una estrategia de prevención, protección y persecución de los perpetradores de los delitos contra la vida de los defensores de derechos humanos.

“Nuestra meta es que haya cero impunidad. Estamos en el camino correcto. Tenemos avances del 60 % en casos de líderes sociales en 2020. El enemigo de los líderes sociales y la paz es el narcotráfico”, concluyó Guarín.

“Hay que seguir fortaleciendo las capacidades institucionales de los entes territoriales, porque no se puede desconocer que a nivel territorial, no se cuenta con los recursos suficientes para concurrir en las acciones que son necesarias”, añadió Serrano.AD

Fuente:  Tomado de Poder Regional, edición N° 7, Revista de la Federación Nacional de Departamentos.  

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